La discusión sobre el proyecto de ley de TV Digital debiera constituirse en la gran oportunidad para pasar de una televisión adormecida, que sólo beneficia a quienes buscan perpetuar la injusticia y desigualdad social existentes, a otra que mezcle innovación y diversidad con entretención. Esta demanda no es nueva. Ya ha sido planteada por diferentes instituciones que asocian, y con mucha razón
La discusión sobre el proyecto de ley de TV Digital debiera constituirse en la gran oportunidad para pasar de una televisión adormecida, que sólo beneficia a quienes buscan perpetuar la injusticia y desigualdad social existentes, a otra que mezcle innovación y diversidad con entretención. Esta demanda no es nueva. Ya ha sido planteada por diferentes instituciones que asocian, y con mucha razón, la existencia de una TV pública y de libre acceso, a una mejor democracia. La evidencia internacional al respecto es abrumadora. No obstante, esa diversidad y accesibilidad se ven hoy en peligro. Por la vía de la nueva Ley de TV Digital- ya aprobada en la Cámara de Diputados y ahora en trámite en el Senado- es probable que se asignen concesiones de TV a un número reducido de consorcios privados, sin preservar el suficiente espectro para la cultura, educación o contenidos regionales.
Si así ocurre, en 10 años más cualquier interesado en obtener una frecuencia tendrá que comprarla a estos grandes grupos a precio de oro. De ahí la relevancia de exigir una normativa que deje abierto el espacio para la lenta incorporación de aquellos interesados que no tienen grandes capitales, pero sí propuestas de contenidos de gran importancia para el país. Más aún, es imprescindible una legislación que cautele no sólo la viabilidad técnica y financiera de los proyectos. Debe exigirse la provisión de una oferta programática plural y de calidad.
En atención a dichas demandas, la Mesa Ciudadana por la TV Digital ha planteado once puntos consensuados. Esta instancia la componen numerosas organizaciones, entre las cuales se cuenta el Colegio de Periodistas y el Observatorio de Medios (FUCATEL). De los acuerdos alcanzados puedo destacar los siguientes puntos:
- La existencia de un transportador público que tenga carácter nacional y que permita la difusión de proyectos que no tienen la posibilidad de invertir en grandes redes. Sin ir más lejos, en la RM no hay espacio para más antenas y los propios operadores actuales proyectan usar una red en conjunto.
- Exigir que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) otorgue las concesiones en audiencia pública y de acuerdo a criterios que garanticen diversidad en la oferta. Hoy el CNTV actúa como mero buzón de las decisiones adoptadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL). Es decir, del Gobierno de turno. Si esto no cambia, la selección la hará el Gobierno de Piñera.
- Cambio en la composición del CNTV y de TVN, hoy cuoteados políticamente. Estos organismos deberían ser integrados por representantes de la sociedad civil, universidades, Colegio de Periodistas, ONGs, y otros.
- Un régimen de igualdad en la duración de las concesiones, tanto para las ya existentes como los nuevas.
- Garantías de que en cada región se destinará un 40% del espacio disponible para la TV regional, local y comunitaria. Además, la reserva de parte del espectro para la difusión de una TV cultural, educativa y proveedora de servicios de utilidad pública, como teleeducación o telemedicina (así lo han hecho países como Brasil o Francia). Estos últimos contenidos no pueden ser parte del paquete para la TV regional.
- La TV Digital debe ser gratuita y de libre acceso para todos los chilenos. Esta normativa establecerá las reglas del juego por un largo período de tiempo en el que irán surgiendo nuevos usos tecnológicos y posibilidades de fianciamiento. Los parlamentarios no pueden legislar pensando en los problemas de financiamiento de los actuales operadores.
- La televisión comunitaria debe estar referida a una comunidad de intereses, sin fines de lucro. No se la puede circunscribir y definir de acuerdo a un espacio geográfico determinado.
- Los actuales canales comunitarios deberán ser reconocidos por la ley e incorporados al espectro radioeléctrico correspondiente.
Sólo la presión de una ciudadanía bien informada podrá evitar que los actuales canales de TV se apropien del espectro, negando el espacio a nuevas propuestas televisivas.